El Supremo absuelve a Neymar y al Barça por su fichaje en 2013 | OneFootball

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de Neymar, del FC Barcelona y de sus expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del brasileño en 2013.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso de casación presentado por la empresa brasileña DIS y ratifica así la sentencia dictada en 2022 por la Audiencia Provincial de Barcelona, que ya concluyó que no existía ilícito penal en la operación.

El caso se centraba en el traspaso de Neymar desde el Santos Futebol Clube al Barça y en los acuerdos firmados previamente entre el jugador y el club azulgrana. DIS, que poseía el 40% de los derechos económicos del futbolista, sostenía que esos contratos ocultaban una maniobra para reducir su participación en el beneficio del fichaje.

Sin embargo, el Supremo respalda la tesis de que no hubo fraude ni intención delictiva. La sentencia considera probado que DIS percibió 6,84 millones de euros, correspondientes a su porcentaje del traspaso cifrado en 17,1 millones, y subraya que los acuerdos previos respondían a una práctica habitual para asegurarse la incorporación futura de un jugador.

El alto tribunal distingue además entre derechos económicos y federativos, señalando que DIS no tenía capacidad para decidir sobre el traspaso, ya que los derechos federativos pertenecían al club brasileño. En ese sentido, recalca que los contratos de 2011 se referían a derechos futuros, condicionados a que el futbolista quedara libre, y no a un traspaso encubierto.

La resolución también descarta que existiera simulación contractual o corrupción, al no apreciarse dolo en la firma de los acuerdos ni una voluntad de perjudicar a la empresa demandante. “No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni estafa impropia”, concluye el fallo.

El Supremo añade que el adelantamiento del fichaje a 2013 respondió a una decisión deportiva del Barcelona, que optó por pagar un traspaso al Santos en lugar de esperar a que el jugador quedara libre un año después.

Con esta decisión, el proceso judicial iniciado hace más de una década queda definitivamente cerrado en la vía penal, al confirmarse que los hechos deben encuadrarse, en todo caso, en el ámbito del derecho deportivo o civil, pero no en el penal.