El Celta, condenado a abonar 485.000 euros a la constructora de A Sede | OneFootball

Foto: Marta G. Brea / Faro de Vigo

El Tribunal Supremo ha puesto fin a un largo conflicto entre el Real Club Celta de Vigo SAD y la constructora Civis Global SLU, confirmando la condena al club para que abone 485.854 euros por los trabajos realizados en la reforma de su sede social. El litigio se originó a raíz de las obras del edificio de la calle del Príncipe, encargadas hace una década y quenunca llegaron a completarse según lo previsto. En una sentencia fechada el 19 de diciembre de 2025, el alto tribunal respalda íntegramente la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, según informa La Voz de Galicia.

El proyecto arrancó en mayo de 2016 con un contrato de obra por un precio cerrado de 3,16 millones de euros y un plazo que debía concluir en diciembre de ese mismo año. Posteriormente, ambas partes firmaron un anexo para ampliar el sótano y demoler una medianera, lo que implicaba más coste y una prórroga del plazo. Sin embargo, los trabajos se fueron ralentizando y las acusaciones cruzadas marcaron la relación: Civis Global reclamó cantidades pendientes de pago y compensaciones por beneficios no obtenidos, mientras el club defendía que la constructora había incumplido y abandonado la obra sin causa justificada.

En primera instancia, un juzgado de Vigo dio parcialmente la razón a ambos, fijando una liquidación a favor de la constructora pero imponiéndole también una penalización por retrasos. Esa decisión fue revisada en 2021 por la Audiencia de Pontevedra, que descartó cualquier incumplimiento grave imputable a Civis Global y rechazó la demanda reconvencional del Celta. El tribunal concluyó que los retrasos fueron compartidos y que la relación contractual se extinguió de mutuo acuerdo, manteniendo únicamente la obligación del club de pagar por los trabajos efectivamente ejecutados, además de una pequeña partida adicional.

Disconforme, el Celta recurrió al Supremo alegando una interpretación errónea del contrato, pero el alto tribunal ha avalado la postura de la Audiencia. La sentencia destaca que el análisis de las cláusulas fue “coherente y fundado” y rechaza que existiera un mecanismo para revisar partidas ya aprobadas o someter la liquidación final al criterio vinculante de la dirección facultativa. Con este fallo, el Supremo cierra definitivamente un conflicto judicial que se ha prolongado durante casi diez años.