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·30 de julio de 2026
Fiscalía formalizará a 11 exejecutivos por estafa, lavado de activos y administración desleal

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·30 de julio de 2026

La investigación apunta a presuntos delitos de estafa, lavado de activos, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, en una causa que se ha convertido en uno de los mayores casos financieros de los últimos años en Chile.
Entre los principales nombres que serán formalizados aparece Michael Clark, accionista mayoritario de Azul Azul, además de otros exejecutivos y exdirectivos ligados a Sartor, entre ellos Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez y Juan Carlos Jorquera Salinas.
La causa se originó tras los antecedentes recopilados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que revocó la autorización de funcionamiento de Sartor AGF luego de detectar presuntas irregularidades en la administración de fondos y operaciones financieras.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, Michael Clark declaró ante el Ministerio Público que no participó en la gestión operativa de la compañía, asegurando que su vínculo con Sartor se limitó a labores de consultoría externa y que nunca actuó con la intención de defraudar a terceros.
Por su parte, Alfredo Harz Castro habría apuntado como principal responsable del funcionamiento interno de la empresa a Pedro Pablo Larraín, a quien identificó como la persona que mantenía el control absoluto de las decisiones dentro de la administradora.
Además, Harz habría entregado antecedentes relacionados con la compra de Azul Azul, mencionando al empresario Carlos Heller y al exdueño de Huachipato, Victoriano Cerda, en una arista que podría ampliar el alcance de la investigación.
Uno de los aspectos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que la Fiscalía solicite la medida cautelar de prisión preventiva para algunos de los imputados.
Según trascendió, la petición podría fundamentarse en eventuales actos de obstrucción a la investigación, luego de que uno de los involucrados presuntamente ordenara destruir teléfonos celulares para eliminar evidencia relacionada con los hechos investigados.
No obstante, algunos abogados estiman que, considerando los antecedentes ya conocidos y las sanciones administrativas impuestas previamente por la CMF, también podrían solicitarse medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario o firma periódica.
Otro punto que será objeto de discusión durante la audiencia es la aplicación de la Ley de Delitos Económicos, vigente desde 2024.
La Fiscalía sostiene que los delitos investigados habrían tenido un carácter continuo, extendiéndose hasta este año, por lo que la nueva legislación podría resultar aplicable a los imputados.
La audiencia de formalización se desarrollará durante varias jornadas y marcará un nuevo hito en una investigación que mantiene repercusiones tanto en el ámbito financiero como en el deportivo, debido a la presencia de Michael Clark, controlador de Azul Azul, entre los principales imputados.







































