La lista de empresas falsas usadas por Sur Finanzas, la firma ligada a Chiqui Tapia, para lavar $72.000 millones | OneFootball

a causa iniciada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas volvió a cobrar impulso en los tribunales federales, donde los investigadores reconstruyen cómo operaba la billetera virtual asociada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con los documentos incorporados al expediente, la plataforma habría servido como canal para mover cientos de miles de millones de pesos entre 2022 y 2024 mediante un esquema sostenido por firmas sin actividad comprobable.

Dentro de ese universo, los técnicos del organismo fiscal identificaron un segmento particularmente sensible: un grupo de 42 razones sociales que aparecen como compañías inexistentes o sin respaldo económico y que, aun así, protagonizaron giros superiores a los $ 72.000 millones. A ese flujo se suman operaciones de clientes con escasa o nula capacidad patrimonial, que acumularon otros $ 193.599 millones bajo la misma modalidad.

Esos segmentos, junto al 31% considerado como “sujetos no categorizados” —responsables de movimientos por $ 223.441 millones— concentran la parte más sensible del reporte oficial.

Clarín accedió a la información detallada de esa operatoria, que forma parte del expediente que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora y reconstruye la red de razones sociales utilizadas para legitimar miles de millones de pesos.

El detalle de las firmas apócrifas

El listado elaborado por la DGI incluye 42 empresas con CUIT irregulares que, según la denuncia, funcionaron como vehículos para circular fondos sin trazabilidad. El caso más significativo es Producciones del Este SRL, asociada a un CUIT inexistente (30-71234944-8), que movió $ 24.968 millones en dos años. Le siguen Rodepau Group SRL ($ 6.966 millones), Parasole Construcciones y Servicios SA ($ 6.526 millones), Beteck Group ($ 5.911 millones) y Flux Green SA ($ 5.459 millones).

Además, hay otras 20 firmas que registraron entre $ 100 millones y $ 5.200 millones cada una. En total, el universo de clientes sospechados asciende a 74, con un flujo combinado que supera los $ 72.342 millones.

Listado completo de empresas señaladas por la DGI:

El funcionamiento de Sur Finanzas y el rol de la familia Vallejo

Según la DGI, la empresa —que originalmente se llamó Neblockchain SA— nació en 2022 en un departamento de Adrogué y expandió su actividad en noviembre de 2023 como operadora de criptomonedas y billetera virtual dedicada a la gestión de pagos de pequeñas empresas. En agosto de 2024 adoptó su actual denominación: Sur Finanzas PSP SA.

«Chiqui» Tapia y Maximiliano Ariel Vallejo

En los registros oficiales, la presidencia está a cargo de Graciela Beatriz Vallejo y la vicepresidencia, de Maximiliano Ariel Vallejo. Este último es quien concentra la actividad pública de la firma: aparece en reuniones y eventos con Tapia, promociona la “Copa Sur Finanzas” —nombre oficial del torneo de la Liga Profesional— y difundió los vínculos comerciales con Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. También gestionó un préstamo de casi $ 2.000 millones para San Lorenzo durante la administración de Marcelo Moretti, hoy investigado por administración fraudulenta.

De acuerdo con la denuncia, Sur Finanzas habría evadido más de $ 3.300 millones en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2024.

El entramado más allá del fútbol

Las observaciones de la DGI aparecen mientras crece la presión sobre la conducción del fútbol argentino. En paralelo a la pesquisa económica, Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, enfrentan cuestionamientos por supuestas intervenciones en decisiones arbitrales y trato preferencial hacia clubes con los que mantienen vínculos directos, como Barracas Central y Central Córdoba. También persisten las objeciones por la entrega extraordinaria de un trofeo a Rosario Central, medida adoptada fuera de los procedimientos habituales.

Ese escenario deportivo coincide con la deriva judicial de Sur Finanzas, cuyo funcionamiento quedó integrado a expedientes de mayor volumen. Las operaciones que detectó el organismo tributario reforzaron la intervención del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, que ya analizaban el posible uso de la empresa en el circuito de fondos irregulares surgido en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo