La UEFA se lava las manos… | OneFootball

La denuncia del Real Madrid reabre el debate sobre el caso Negreira, pero la UEFA mantiene paralizado su expediente hasta la resolución judicial.

La denuncia presentada por el Real Madrid ante la UEFA ha vuelto a situar el caso Negreira en el centro del debate futbolístico. El club blanco ha remitido un dossier al organismo europeo en el que expone la existencia de pagos realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y solicita la reanudación inmediata del expediente disciplinario abierto en 2023.

Según el comunicado madridista, existen indicios de «pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable». Sin embargo, la realidad es que la UEFA ya dejó clara su postura hace tres años: no tomará ninguna decisión definitiva hasta que concluya el procedimiento penal que se sigue en España.

La corrupción, la única vía sin prescripción

La estrategia jurídica del Real Madrid se apoya en un aspecto clave del Código Disciplinario de la UEFA. Las infracciones cometidas sobre el terreno de juego prescriben al año, mientras que la mayoría de las restantes lo hacen a los cinco años. Solo los casos relacionados con corrupción, soborno, fraude o amaño de partidos no están sujetos a ningún plazo de prescripción.

Por este motivo, el club blanco considera que la UEFA mantiene capacidad para actuar disciplinariamente si la justicia española determina que los pagos realizados por el FC Barcelona encajan dentro de alguno de estos supuestos.

La consecuencia más grave que podría afrontar la entidad azulgrana sería una eventual exclusión de las competiciones europeas. No obstante, cualquier decisión dependerá de la resolución judicial definitiva.

La normativa española limita las sanciones

La situación es diferente dentro del marco disciplinario español. Los pagos investigados, que según la causa ascenderían a 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018, se encuentran afectados por los plazos de prescripción establecidos por la Real Federación Española de Fútbol.

El artículo 9 del Código Disciplinario de la RFEF establece que las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves al año y las leves al mes. Dado que los últimos pagos se produjeron en 2018 y el caso salió a la luz pública en 2023, cualquier posible expediente disciplinario federativo quedó condicionado por esos límites temporales.

Por ello, mientras la vía deportiva nacional aparece prácticamente agotada, el foco sigue puesto en la investigación penal. Será la justicia española la que determine si existen responsabilidades y, en función de esa resolución, si la UEFA puede reactivar el procedimiento disciplinario contra el FC Barcelona.