Movistar podrá tumbar emisiones ilegales no solo de LaLiga, también de Champions: actuará contra cualquier tipo de evento | OneFootball

La lucha contra la piratería deportiva de lsa grandes cadenas continúa. Movistar Plus+ ha conseguido el respaldo de la Justicia para actuar con mayor rapidez y contundencia frente a las emisiones ilegales en directo, una práctica que, denuncian, lleva años erosionando los derechos audiovisuales de las grandes competiciones.

El fallo judicial, fechado el pasado 23 de marzo, autoriza a Telefónica Audiovisual Digital (TAD) a solicitar a los operadores de Internet el bloqueo inmediato de contenidos deportivos piratas. La medida afecta a retransmisiones de alto interés como la Champions, partidos de tenis o campeonatos de golf.

La principal novedad radica en el alcance de esta autorización. Hasta ahora, las acciones se centraban principalmente en el fútbol de LaLiga, pero con esta resolución Movistar podrá actuar contra cualquier evento deportivo emitido sin autorización, ampliando de forma significativa el radio de acción contra la piratería audiovisual en directo.

La sentencia, dictada por la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, establece además que la duración de esta medida dinámica estará vinculada al periodo de explotación de los derechos audiovisuales. En el caso de las competiciones europeas, estos derechos se extienden hasta la temporada 2026/2027, cuya finalización está prevista para junio de 2027.

Movistar Plus+ enviará semanalmente, coincidiendo con los días de eventos deportivos en directo, un listado de dominios y direcciones IP que difunden contenido pirata. Los operadores deberán proceder a su bloqueo en un plazo máximo de 30 minutos desde la recepción del aviso, lo que supone un cambio sustancial en la eficacia de estas medidas.

Querella contra Cloudfare

En paralelo, el pasado 4 de marzo se conoció que LaLiga y Movistar Plus+ presentaron una querella contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos relacionados con la piratería audiovisual. Este movimiento marca un precedente relevante, ya que se trata de la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica estadounidense por posibles delitos contra la propiedad intelectual, lo que podría abrir una nueva vía en la persecución de estas prácticas.