Pedro Curtido, investigado por presuntas amenazas a Pablo Lozano en la Federación Andaluza de Fútbol | OneFootball

La Justicia ha dado un paso adelante en la investigación que afecta a la cúpula de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Sevilla ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (ATDD) contra el presidente de la federación andaluza, Pedro Curtido, por un presunto delito de amenazas y coacciones contra su antecesor en el cargo, Pablo Lozano.

En un auto fechado el pasado 5 de junio, la magistrada considera que los hechos denunciados podrían encajar en un delito de amenazas recogido en el artículo 171.2 del Código Penal. Según la resolución, a Curtido se le atribuye supuestamente haber utilizado la intimidación psicológica mediante la amenaza de revelar aspectos de la vida privada de Lozano con el objetivo de influir en decisiones relacionadas con el ejercicio de su cargo al frente de la RFAF.

La querella también señalaba a Pedro González Segura, actual director general de la federación andaluza y exresponsable de los Servicios Jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales. Sin embargo, la juez rechaza continuar las actuaciones contra él al considerar que no se han aportado indicios concretos que permitan atribuirle participación en los hechos investigados.

La resolución judicial fija para el próximo 23 de septiembre la declaración de Pedro Curtido en calidad de investigado. Asimismo, ha citado como testigos para el 25 de noviembre a varias personas vinculadas a la estructura federativa, entre ellas Pablo Lozano, José Manuel Molina, José Manuel Matías, Martín Torralbo y Silvia Mérida.

Además, la magistrada acuerda deducir testimonio para abrir diligencias previas por un presunto delito de corrupción en los negocios relacionado con contratos de la RFAF. La investigación se dirigirá inicialmente contra Antonio Manuel Hidalgo Martín, responsable de compras de la federación, así como contra otras personas que pudieran resultar responsables a medida que avance la instrucción.

La querella fue presentada en agosto de 2025 por la ATDD y denunciaba una supuesta operación para facilitar la llegada de Pedro Curtido a la presidencia de la RFAF. El origen de la denuncia se encuentra en varias cartas remitidas por José Manuel Molina, entonces vicepresidente primero de la federación andaluza y delegado provincial en Granada.

Según el relato recogido en la querella, Curtido habría presionado a Pablo Lozano durante una reunión celebrada en Córdoba a finales de diciembre, amenazándole con hacer pública una supuesta relación sentimental con una futbolista. Los denunciantes sostienen que esa presión formaba parte de una estrategia para forzar cambios en la dirección de la federación y asegurar el relevo en la presidencia.

Ahora será la fase de instrucción la que determine si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y depurar las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.