Un alma por un alma [INFORME] | El costo institucional de salvar a la “U” | OneFootball

Se acabó. La selección acaba de quedar fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras un empate deslucido ante Ecuador en Lima. En redes y programas deportivos ya se buscan culpables: los jugadores, el comando técnico y, por supuesto, el amiguito chongoyapino de Jean Ferrari, lideran la lista, cada quien con propio mérito.

Pero el verdadero entierro del fútbol peruano ocurrió hace años. Y el acta de defunción lleva fecha: agosto de 2018.

Es cierto que, si nos ponemos estrictos, el Perú siempre ha sido el último en enterarse de los múltiples avances en gestión y profesionalismo deportivo. En consecuencia, somos últimos en casi todo lo que competimos —y si competimos—. Sin embargo, en el fútbol —de lejos el deporte más popular del país— hubo una breve luz de esperanza. Y no fue hace tanto tiempo.

En 2017, mientras la selección peruana celebraba su regreso a un Mundial luego de 36 años, se dio otro hito que hoy pasa desapercibido: el fútbol peruano había logrado construir, por primera vez, una mínima institucionalidad. El Tribunal de Concesión de Licencias (TCL), autónomo y técnico, operaba bajo el paraguas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero con independencia real. Había autoridad. Había respeto. Había orden.

Pero esa burbuja institucional duró poco.

La sanción que desencadenó la barbarie

Todo comenzó el 6 de noviembre de 2017, cuando el Tribunal de Licencias sancionó a Universitario con la prohibición de fichar jugadores hasta junio de 2018.

¿El motivo? Veintitrés infracciones al reglamento de licencias: deudas tributarias, laborales y compromisos incumplidos con la FPF. Para dimensionar: la “U” acumuló el 40% de todas las faltas administrativas del torneo.

¿La reacción? Amenazas directas de barristas de la “U” hacia los miembros del tribunal.

¿Por qué? Porque esperaban que, como históricamente había ocurrido, el club de Ate recibiera un trato especial.

Al no poder fichar, la hinchada responsabilizó al tribunal —y no a la administración— por la crisis deportiva. Incluso hubo un episodio particularmente oscuro: intimidaciones personales a los responsables del proceso y a sus familias. Todo por aplicar el reglamento.

Es decir, se atacó a la institucionalidad porque esta, por una vez, funcionaba.

(Con esto queda claro, como tantas veces se ha dicho, que hay un club particularmente especialista en sacar provecho de los momentos de mayor podredumbre del balompié nacional. Pero esa es materia de otro análisis).

Pese a las amenazas, el 20 de diciembre el tribunal ratificó la sanción. Universitario apeló ante el TAS, y el 28 de mayo de 2018 el tribunal internacional desestimó su pedido.

Claro, allá no hay amiguismo que valga. Solo la ley.

El Régimen Especial y el principio del fin

En lugar de respaldar a su propio tribunal, como sí lo hizo en 2017, la FPF optó por una jugada, en cambio, lamentable.

El 10 de agosto de 2018 creó el Régimen Especial Deportivo (RED), una suerte de puerta trasera para que clubes sancionados —léase, Universitario— pudieran contratar jugadores pese a no haber solucionado sus deudas.

La ayuda del RED tenía algunas condiciones teóricas: los clubes debían presentar un plan de recuperación financiera y someterse a una auditoría general. Asimismo, durante ese periodo, la FPF administraría directamente las finanzas de los clubes que se acogieran. Pese a que al principio hubo cierta reticencia de los administradores cremas ante estas condiciones, la presión de hinchas y socios hizo lo suyo, y al final Universitario “se acogió” al RED.

¿Para reestructurarse u ordenarse administrativamente? No, pues, eso es cosa de giles. La “U”, que en ese momento se encontraba penúltimo en la tabla acumulada, solo buscaba fichar jugadores y reforzar a su primer equipo para escapar de un inminente descenso.

El argentino Germán Denis fue presentado ese mismo mes. Alberto Rodríguez y Pablo Lavandeira se sumaron al plantel crema. Refuerzos que luego tendrían su cuota de protagonismo en lo que significó la permanencia del club en Primera.

Sin embargo, a fin de cuentas, nunca se formalizó el ingreso de la “U” al régimen, nunca se presentó un plan económico y nunca hubo auditoría. El RED, pues, fue una ficción útil. Una coartada. Una pantalla para que el club de Ate evitara perder la categoría, como en 1947 y 2011, al margen de toda ética y normatividad.

El 22 de agosto se consumó el derrumbe. Gonzalo de las Casas, presidente del Tribunal, renunció irrevocablemente al TCL tras recibir nuevas amenazas, incluso contra su hijo menor. ¿El detonante? Había solicitado que se realice una auditoría real a las cuentas de la “U”, lo cual, recordemos, era parte del acuerdo inicial que había planteado la propia Federación para la implementación del RED. Pero no, pues, ¿pedir que se cumpla la norma, así esta sea improvisada? Qué pecado capital.

Según sus declaraciones, las amenazas fueron ordenadas por Carlos Moreno, entonces administrador concursal del club, y por el acreedor Gremco.

El resto de quienes componían aquel tribunal decidieron secundar a De las Casas. Ante ello, la FPF no los respaldó como en 2017. Esta vez, miró para otro lado.

Disolvió de facto el TCL y lo reemplazó por una “Comisión” —sí, el cambio de nombre es fiel reflejo de su degradación—, cuyos nuevos miembros levantaron todas las sanciones a Universitario sin fundamento técnico alguno. Estos nuevos miembros eran, pues, más afines y concordantes con los intereses de la Federación que, para efectos prácticos, eran también los de la “U”.

Un arbitraje "providencial"

El rostro futbolístico de toda esta serie de “movidas dirigenciales” se vio con mucha claridad el 13 de octubre de 2018, cuando Universitario enfrentó a Unión Comercio en el Estadio Nacional. Ambos equipos luchaban por permanecer en la máxima división del fútbol peruano, por lo que el choque era a todas luces decisivo.

Pero el partido ya había empezado a jugarse mucho antes del pitazo inicial: el árbitro designado originalmente era Yovani Quevedo. No obstante, y sin explicación alguna, la CONAR lo reemplazó por Diego Haro, para quien no hace falta mayores presentaciones ni comentarios.

En aquel encuentro, la “U” ganó 2-1 con un penal inexistente convertido por Denis, tan descarado que incluso los comentaristas de Gol Perú —usualmente blandos con el equipo que hasta hoy suelen ensalzar— lo pusieron “en duda” durante la transmisión. Un robo. Una vergüenza. La putrefacción que se vivía en oficinas había llegado, finalmente, a la cancha.

Al día siguiente, el propio Quevedo declaró para El Bocón:

"Yo me encontraba bien y considero que tengo la capacidad necesaria para dirigir cualquier partido. Yo no estaba ni lesionado ni enfermo, simplemente fue una decisión de las autoridades y solo queda acatarla".

2020 y el último clavo en el ataúd

En 2020, Alianza Lima, al que ese año le tocó pelear por su permanencia en Primera, denunció la reincidencia del club Carlos Stein en faltas al reglamento de licencias, solicitando la deducción de puntos que por ley correspondía. La Comisión de Licencias —ya no un tribunal, sino una simple oficina con membrete— rechazó el pedido con un argumento de antología: que Alianza no tenía derecho a intervenir. Esto impulsó al club victoriano a buscar justicia fuera del país, por lo que, con folio en mano, recurrió oportunamente al TAS.

Pero la historia tomó un giro aún más delirante. Según dejó entrever César “Balón” Torres en RPP, la FPF intentó “negociar” con Alianza Lima su “retorno” a Primera División, sin esperar la resolución del tribunal internacional. Así, en lugar de corregir su error, la Federación apostó, una vez más, por su fórmula predilecta: una nueva infidelidad a la norma. A su propia norma, en el colmo.

O es que quizá querían evitar la vergüenza internacional, guardando insoslayables apariencias, pues en el fondo había plena consciencia del retumbe global que tendría que un tribunal externo les enmiende la plana, como finalmente sucedió.

En cualquier caso, Alianza Lima, fiel a su historial institucional con la FPF, rechazó la migaja oficialista. Prefirió jugarse la carta legal. Y el 17 de marzo de 2021, el TAS no solo le dio la razón: confirmó que el reclamo era válido y que Carlos Stein debía ser sancionado con la pérdida de puntos.

El equipo íntimo se mantuvo en Primera por derecho, pero el daño de fondo ya estaba consumado: en apenas tres años, pasamos de tener un tribunal local que hacía cumplir la ley, a depender de jueces extranjeros para que nos recuerden cómo se administra justicia. Una postal perfecta del fútbol peruano.

El certificado de defunción

Hoy, en Liga 1, hay clubes que deben sueldos, que entrenan y juegan en canchas inaceptables, que no tienen —ni en planes— divisiones menores, y que igual cuentan con licencia para competir. Entre estos, resalta orgánicamente el Juan Pablo II de Chongoyape, que, bajo el mandato de Milagros Correa —esposa del revendedor Lozano, nada menos—, logró ascender en tiempo récord gracias a un cúmulo de irregularidades, tanto administrativas como deportivas, con total impunidad. Y este es solo un ejemplo.

No hay vergüenza. No hay control. Solo desidia.

El "tribunal" que existió alguna vez fue asesinado entre amenazas, complicidades y el silencio conveniente de quienes hoy controlan la Videna. Desde entonces, el fútbol peruano no ha hecho más que retroceder, hasta llegar al punto en el que hoy nos encontramos: sin logros relevantes, ni a nivel de clubes ni de selecciones —al contrario, con resultados paupérrimos—, y con una única y privilegiada institución deportiva que, sobre esta enorme montaña de estiércol, domina, hace y deshace el reglamento al compás de una paleta verde.

El Mundial, definitivamente, habría sido demasiado premio para un fútbol sin ley —en un país sin ley—. Pero incluso en esta ruina institucional total, aún hay algo que puede hacerse: rescatar la memoria del Tribunal de Licencias original y exigir —como punto de partida— su restitución plena, con autonomía garantizada y blindaje contra injerencias. Porque mientras no regrese la justicia —y las reivindicaciones reglamentarias que ella conlleva—, no hay sistema que valga ni milagro que alcance.