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·24 juin 2026

La dura sanción que recibiría Julián Alvarez por el descargo del Atlético de Madrid

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El conflicto entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el futuro de Julián Álvarez ha escalado a nivel institucional. Tras las declaraciones del delantero argentino en las que manifestó su deseo de salir del club rojiblanco y su preferencia por vestir la camiseta azulgrana, el Atlético de Madrid ha confirmado su intención de presentar una denuncia formal ante la FIFA.

El núcleo del conflicto

El club madrileño sostiene que el Barcelona ha mantenido contactos indebidos con el futbolista mientras este tiene un contrato vigente hasta junio de 2030. Al estar Álvarez dentro del «periodo protegido» de su vínculo, esta conducta violaría el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que prohíbe negociar con futbolistas bajo contrato sin autorización de su club actual.


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La postura del Atlético de Madrid es inamovible:

  • Sin negociación: El club no contempla vender al jugador.
  • Cláusula de rescisión: La única vía de salida legal es el pago íntegro de su cláusula, fijada en 500 millones de euros.
  • Denuncia ante FIFA: La directiva considera que existe una «campaña de acoso» por parte del Barcelona y buscará sanciones ejemplares.

Posibles sanciones según la normativa FIFA

Si el Tribunal del Fútbol de la FIFA llegara a fallar a favor del Atlético de Madrid, las consecuencias podrían ser severas:

  • Para el Barcelona: El reglamento estipula que, si se comprueba que un club indujo a un jugador a romper su contrato, se le puede imponer la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante dos periodos de mercado completos y consecutivos.
  • Para Julián Álvarez: El jugador también se expone a sanciones disciplinarias. Si se determina que intentó romper su contrato unilateralmente fuera de los plazos permitidos, podría enfrentar una suspensión deportiva de entre cuatro y seis meses.
  • Indemnizaciones: Además de las sanciones deportivas, el club denunciado podría verse obligado a pagar indemnizaciones económicas significativas por daños y perjuicios, considerando el valor de los servicios del futbolista y la pérdida de valor de transferencia para el club de origen.
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